deudas con hacienda y seguridad social

¿Problemas para pagar las deudas con Hacienda y la Seguridad Social?

08/11/2021 | DEUDAS

Si una persona física o una empresa se declara como insolvente, ¿qué debe pagar las deudas con Hacienda y la Seguridad Social? Pues bien, existen diferentes vías según el contexto en el que nos encontremos.

Por un lado, una empresa siempre puede recurrir al concurso de acreedores. Donde puede extinguir sus deudas como personalidad jurídica y hacer “borrón y cuenta nueva” para sus administradores sociales. Que podrán emprender nuevos negocios sin la carga de los anteriores.

Por otro lado, las personas físicas, empresarias o no, deben acudir al mecanismo de la segunda oportunidad. Y exonerar sus deudas para así poder volver a empezar de cero. Si no recurren a la segunda oportunidad, deberán dejar sus bienes, tanto los del presente como los adquiridos en el futuro para solventar sus deudas.

Exoneración de las deudas de las personas físicas

La exoneración de las deudas de las personas físicas se obtiene al recurrir al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI). El cual consiste en servir como instrumento de tramitación judicial para demostrar la “buena fe” de los deudores. Grosso modo, demostrar que no han cometido delitos económicos en concreto. Recurrir al BEPI significa solicitar que las personas físicas paguen una cierta cantidad mínima de su deuda fijada legalmente. O firmen un acuerdo donde se comprometan a pagar en un plazo de cinco años siguiendo un plan de pagos. Y la cantidad de deudas restantes serían exoneradas.

¿Qué pasa con las deudas pendientes con Hacienda y la Seguridad Social?

En cuanto a las deudas públicas (o créditos públicos) el Tribunal Supremo. Había discutido por un tiempo que la exoneración con el BEPI incluía parte de las deudas ante los organismos públicos como Hacienda.

No obstante, la entrada en vigor de un texto refundido de la Ley Concursal el 1 de septiembre de 2020 ha generado cierta controversia. Ya que no recoge la posibilidad de exoneración de las deudas públicas en ninguno de los casos.

Dado lo anterior, algunos jueces se ciñeron a la constitución y no admitieron tal condonación. Mientras que muchos otros siguen aplicando el criterio del Tribunal Supremo, al considerar que el legislador se ha excedido. Como resultado es una situación de inseguridad jurídica que no favorece a quienes se encuentren en bancarrota o sobre endeudados, pues según el órgano judicial que deba resolver su solicitud, obtendrán cierto grado de exoneración.

Sin embargo, el pasado 17 de julio se propuso un tratamiento de los créditos públicos con menos ventajas. Debido a la incorporación al derecho español de la directiva de reestructuraciones.

Entre las medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno. Se destaca el marco que permite que los créditos ICO, tan solicitados durante los tiempos de crisis sobre todo desde la pandemia, puedan participar en reestructuraciones y refinanciaciones de deuda.

Además, manifiesta que las entidades financieras no pierden el aval público. Y destaca que se reconozca específicamente que, si el deudor reúne los requisitos, el BEPI se extenderá a los créditos derivados de la ejecución de estos avales.

¿Cómo comenzó la exoneración de deudas con Hacienda y la Seguridad Social?

En casos donde la gente arrastra deudas con Hacienda y la Seguridad Social que no puede solventar. La pregunta sobre si entran las deudas públicas en la ley de la segunda oportunidad es muy común. La respuesta rápida sería que sí, que las deudas públicas entran también en este beneficio. Sin embargo, no es un tema que se resuelva con una respuesta rápida. Y lo más conveniente sería valorar cada caso para optar por esta aplicar a esta ley desde que fue aprobada en 2015.

Tratamiento de la ley de Segunda Oportunidad en España en 2015, 2019 y 2020

deudas con Hacienda y la Seguridad Social

Desde que fue publicada la ley de Segunda Oportunidad ha habido un debate entre los operarios jurídicos. Sobre si el BEPI incluye en sus líneas la exoneración de las deudas de Derecho Público. Muchos juristas rechazaron este matiz, dado que la mayoría de empresarios veían que después de pasar por el proceso no conseguirían solucionar sus problemas.

No es algo nuevo, ya que la ley le da beneficios a las Administraciones Públicas de los que carecen los empresarios privados (bancos, entidades de crédito, otras empresas o particulares). Ya que se le permite a los inversores públicos continuar con los embargos hasta llegar al concurso de acreedores, a pesar de haber iniciado ya el preconcurso. Asimismo, la redacción del artículo 491.1 TRLC genera más incertidumbre.

Pero los artículos 280 y 495 aclaran que estas deudas pueden ser canceladas también, aunque requieren de un plan de pagos posterior a la exoneración del resto de créditos. Se trata de manera objetiva este tema donde comienzan a resolver en tal sentido, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (21/09/2016) o el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia (24/07/2017, conseguida por la Asociación de Ayuda al Endeudamiento).

Las sentencias del tribunal supremo sobre las deudas con Hacienda y Seguridad Social

Esta confusión parece que se soluciona en 2019 cuando el Tribunal Supremo en 2019 da el sí a la exoneración de deudas pendientes  con Hacienda y también con la Seguridad Social. El hecho de que los Juzgados de Primera Instancia y de lo Mercantil, así como las Audiencias Provinciales, no se pusieran de acuerdo en la concesión de la exoneración de la Deuda Pública hizo que el Tribunal Supremo tuviera que pronunciarse al respecto.

De esta forma, el Tribunal Supremo resolvió interpretando la normativa y recalcando la finalidad de la Ley 25/2015 por la que se aprueba el mecanismo de segunda oportunidad. Trae a colación el preámbulo de este texto legal, el que en muchas ocasiones parece haber caído en el olvido (por algunos administradores concursales, juzgados y administraciones públicas). Así se pronuncia el máximo tribunal en el Fundamento de Derecho Cuarto, apartado nº 4:

«Su objetivo no es otro que permitir lo que tan expresivamente describe su denominación: que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer».

En resumen, los magistrados vuelven a revisar la Administración Tributaria y resaltan cuáles son los créditos exonerables una vez finaliza el concurso y cómo se procede al pago del resto de la deuda pública pendiente.

Deudas que se exoneran de forma directa

En esta línea, se exoneran directamente:

  • Intereses de la deuda pública
  • Sanciones
  • Recargos
  • La mitad del principal de dicha deuda

El restante 50 % del principal se llevaría a un plan de pagos post concursal. Este tendría un plazo de cinco años para abonarse sin que devenguen interés, en los que el deudor tan solo estará obligado a pagar la mitad de su embargable legal de forma mensual. De esa manera, es posible que el deudor no tenga ni que pagar una cantidad determinada al mes. Una vez transcurridos los cinco años, si algo quedara pendiente (siempre y cuando se haya pagado ese mínimo expuesto anteriormente), quedará exonerado de manera definitiva.

El último hito al respecto de esta lucha del mecanismo de segunda oportunidad con los créditos de Derecho Público llega en 2020, con la nueva norma: el nuevo Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC).

Cuando en septiembre de 2020 el nuevo TRLC entra en vigor, este vuelve a llamar la atención de muchos afectados por el sobreendeudamiento con las Administraciones públicas.

La disputa surge cuando dicha norma resalta que la extensión de la exoneración, una vez intentado el acuerdo extrajudicial de pagos y haber cumplido con todos los requisitos (artículos 487 y ss. TRLC), no cubren las deudas públicas (art. 491.1 TRLC). Sin embargo, aquí vienen las claves para conseguir el perdón de créditos públicos:

  •  El 50 % del principal sigue siendo lo único considerado privilegiado general (art. 280.4º TRLC).
  • Los intereses, recargos y sanciones siguen siendo subordinados (art. 281 TRLC).
  • Un Texto Refundido es una aclaración y depuración de una normativa dispersa. Por ello, el TRLC no puede contradecir la normativa que sí permitía exoneración de deuda pública.

Por esa razón, como mencionamos anteriormente, los Juzgados de toda España están haciéndole caso a la doctrina del Tribunal Supremo de 2019.

Usualmente, los abogados recomiendan la aplicación del criterio marcado por el Tribunal Supremo, con el objetivo de llevar a cabo un plan de pagos que sea lo más beneficioso posible para el empresario o deudor y, para conseguirlo, lo primero es solicitar ante los organismos públicos en los que ostente cualquier deuda, un certificado de deuda con los importes adeudados desglosados, de tal manera que se pueda identificar cada uno de los conceptos que componen el crédito público y no se quede ningún dato por fuera.

Ejemplo

Si una persona deudora tiene una deuda con la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Ayuntamiento o cualquier otra entidad pública, por un importe total de, por ejemplo, 20.000 euros, y dicha cantidad está compuesta por los siguientes conceptos:

  • Importe principal de 10.000 euros
  • Intereses de demora de 7.000 euros
  • Sanción de 3.000 euros

A la hora de determinar el crédito privilegiado total que deberá abonar la persona deudora y para poder solicitar el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) de manera  definitiva, en virtud de los artículos 488 y 489 de la Constitución española, en aplicación del criterio referido y fijado actualmente por el Alto Tribunal, en el ejemplo anterior, se clasificaría de la siguiente manera:

  • Crédito privilegiado (no exonerable): 5.000 euros, es decir, el 50 % de la deuda principal
  • Crédito ordinario y subordinado (exonerable): 15.000 euros, o sea, 5.000 €  del otro 50 % del principal + 7.000 € de intereses + 3.000 € sanción

Entonces, el concursado que además de ostentar deudas de carácter privado (entidades bancarias, financieras, proveedores, particulares) ostenta un crédito público de 20.000 euros, a través del mecanismo de segunda oportunidad, puede solicitar: 

  • Cancelación del 100% de la deuda privada
  • Cancelación de 15.000 Euros de deuda pública (ordinarios y subordinados)
  • Plan de pagos a 5 años (60 meses) del crédito privilegiado público consistente en:
  • 5.000€ / 60 mensualidades = 83,33€ / mes

Conclusiones Ejemplo

En conclusión, pese a la reforma de la Ley Concursal a través del Texto Refundido de la Ley Concursal de 2020 y la redacción del artículo 491, se puede seguir solicitando el criterio que el Tribunal Supremo estableció en su Sentencia de 2019 en cuanto a la clasificación de los créditos públicos, por ser dicho precepto no aplicable tras su exceso ultra vires y, como consecuencia, se puede solicitar la cancelación de gran parte de los créditos públicos (aquellos clasificados como ordinarios y subordinados) a través de la solicitud del BEPI con aprobación de un plan de pagos de hasta 5 años para el pago únicamente del 50% del crédito principal público, el cual es mucho más ventajoso para los deudores que reúnen todos los requisitos para solicitar la cancelación de sus deudas al reunir todos los establecidos en el TRLC.

Cuando es concedido el BEPI, ya sea de carácter definitivo o provisional, el deudor está sujeto a un plan de pagos para el pago de créditos no exonerables (es decir, el otro 50 % en muchas ocasiones), y ambos son autos firmes, en otras palabras, solamente podrían ser revocados por las causas tasadas y previstas en el artículo 498 del TRLC, las que son:

  • Ocultación de la existencia de bienes o derechos o de ingresos
  • Incumpliere el plan de pagos
  • Percibiera una herencia, legado o donación, o por juego de suerte o azar, de manera que pudiera pagar todos los créditos exonerados
  • Incurriere en causa que no pudiera ser considerado deudor de buena fe

En conclusión

En caso de que una persona jurídica o una empresa haya absorbido una deuda pública que no puede afrontarla ya sea porque se encuentra en bancarrota o por cualquier otra situación, lo más recomendable es acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad para conseguir un aplazamiento, recorte o exoneración de parte de la deuda pública y privada. Este tipo de créditos son especiales y la ley concursal no es la más concisa posible, pero según el contexto y las condiciones de la deuda, en definitiva, es posible la exoneración de deudas pendientes con Hacienda y Seguridad Social, aunque no es un proceso sencillo.

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